Así lo aseguraron en la sede de Servimedia durante la presentación del 'Informe del CERMI sobre el impacto del modelo de estaciones de servicio de carburantes sin personal o desatendidas en los derechos de las personas con discapacidad en España. Un caso grave de exclusión en el acceso a los servicios esenciales por razón de discapacidad', en un acto que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

 

El asesor jurídico deL CERMI, Óscar Moral, aseguró que “sin seguridad no hay Accesibilidad. Las personas con discapacidad que utilizan con dificultad, por ejemplo, la manguera de los surtidores están expuestas a una situación de inseguridad y de riesgo, por lo que se pueden producir situaciones de peligro”.

 

En esta misma línea se pronunció el secretario de Organización de Cocemfe, Daniel Aníbal, quien aseguró que “hay personas con discapacidad que se han empapado de combustible al manipular el boquerel con el riesgo que esto supone. La manguera de los surtidores también supone un peligro para personas que tienen una movilidad reducida en las manos. De momento no existe ninguna tecnología que permita a una persona con discapacidad poder repostar con seguridad”.

 

Informe del CERMI

 

Según el informe del CERMI, las estaciones de servicio desatendidas vulneran la legislación europea y española, por lo que propone una serie de medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad.

 

A este respecto, la consultora de Estudios Sociales en Ilunion, Tecnología y Accesibilidad, Almudena Pérez, explicó que “las personas con discapacidad se enfrentan a la proliferación de estaciones desatendidas. No hay que olvidar que existe una total dependencia del automóvil por parte de todo el mundo, pero las personas con discapacidad no tienen posibilidad de acceder al suministro de combustible en las estaciones de servicio y esta imposibilidad hace que se rompa la cadena de accesibilidad. Al no poder repostar se atenta a la vida independiente”.

 

Propuestas de mejora

 

Con el objetivo de acabar con esta situación de discriminación, el CERMI detalla también algunas propuestas a nivel comunitario, estatal y autonómico que posibiliten el acceso a las personas con discapacidad a las estaciones de servicio desatendidas.

 

A nivel comunitario propone modificar el Acta de Accesibilidad para incluir las estaciones de servicio dentro del listado en el que se detallan los servicios que deben hacerse accesibles, así como la creación de una directiva específica que establezca la necesidad de contar con personal en las estaciones desatendidas mientras estas no sean accesibles a todas las personas.

 

En el caso de que esta nueva directiva propuesta no llegue a ver la luz, el CERMI propone la modificación de la directiva de servicios que establezca que la regulación establecida en dicho documento no afectará a las medidas que se tomen para permitir la accesibilidad, el diseño universal o hacer efectivo el acceso de las personas con discapacidad a los servicios.

 

Además, el CERMI ha solicitado formalmente a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la promoción de una regulación europea que obligue a que las estaciones de servicio de carburantes de los países miembros cuenten con personal de atención al público de modo permanente, así como que dicho personal tenga obligación de prestar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad.

 

Ámbito estatal y autonómico

 

Además, Óscar Moral señaló que en el ámbito estatal, con motivo del debate parlamentario en relación con el proyecto de texto refundido de la Ley de Consumidores, el CERMI propone añadir una disposición que garantice la atención a personas con discapacidad y personas mayores en estaciones de servicio de carburantes para automoción.

 

La modificación de la Ley de Hidrocarburos para que se haga referencia específica a las personas con discapacidad, así como la creación una serie de incentivos y subvenciones que fomenten los vehículos eléctricos, son otras de las medidas que se incluyen en el estudio elaborado por el CERMI.

 

A nivel autonómico, se insta a las comunidades a que, en sus leyes sobre los derechos de las personas consumidoras, se haga mención y se regulen de forma específica los derechos de las personas consumidoras con discapacidad, así como a la convocatoria de subvenciones para la financiación de transporte para las personas con discapacidad.